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La Administración institucional

La Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León es aquel conjunto de entes de derecho público que, bajo la dependencia de la Administración General y mediante técnicas orgánicas de descentralización funcional, ejecuta actividades administrativas y económicas propias de las competencias de la Comunidad, con el objetivo de cumplir los fines de interés público que el ordenamiento establece. Estos entes se rigen, además de por su Ley de creación, por las disposiciones de la Ley de Gobierno y Hacienda de la Comunidad, las de aquellas otras Leyes que les sean de aplicación y por la regulación interna que sus propios estatutos establezcan.

La Administración Institucional está constituida por las siguientes entidades:

Organismos Autónomos de la Comunidad

 Son entidades de derecho público, adscritas a una Consejería (que actúa como ente matriz), las cuales gozan de personalidad jurídica, tesorería y patrimonio propios, y autonomía de gestión. Desarrollan actividades propias de la Administración pública, consecuencia de lo cual se rigen íntegramente por el Derecho administrativo.

Entes públicos de derecho privado

Son entidades de derecho privado, adscritas a una Consejería (que actúa como ente matriz), las cuales gozan de personalidad jurídica, patrimonio propios y autonomía de gestión. Tienen encomendadas la realización de actividades de carácter económico, comercial, industrial, agrario, financiero o análogo, sujetándose fundamentalmente en su actuación al derecho privado. Para el cumplimiento de las potestades públicas que pudieran ejercer, así como para la formación de la voluntad de sus órganos, los entes públicos se sujetarán al derecho administrativo.