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  • 41. Impulso a través de la contratación pública de la calidad del empleo y la incorporación de las personas con discapacidad y de los colectivos desfavorecidos
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41. Impulso a través de la contratación pública de la calidad del empleo y la incorporación de las personas con discapacidad y de los colectivos desfavorecidos

Bloque de Compromiso:

Recuperación de la economía y el empleo

Fecha de inicio:

20 de agosto de 2020

Estado de ejecución:

Finalizado

Fecha de finalización:

16 de noviembre de 2020

Compromiso: Impulsar en el ámbito de la contratación pública el compromiso de la Comunidad con la calidad de empleo y la incorporación de las personas con discapacidad y de los colectivos desfavorecidos en el ámbito laboral, en coherencia con la vigente Ley de Contratos del Sector Público y las Directivas Europeas.

Actuaciones:

  • Impulsar en el ámbito de la contratación pública la incorporación de las personas con discapacidad y de los colectivos desfavorecidos

    Se ha elevado a Consejo de Gobierno el informe sobre las clausulas sociales, previo a la elaboración de las nuevas directrices.
  • Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre

    El 16 de noviembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el  ACUERDO 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León.
    El acuerdo tiene por objeto establecer directrices de carácter vinculante para los órganos de la Administración General e Institucional con objeto de impulsar la responsabilidad social en el gasto público mediante la incorporación, de manera transversal y preceptiva, de consideraciones sociales en aquél que se ejecuta mediante contratos públicos y subvenciones. Asimismo se establece el porcentaje mínimo obligatorio de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o lotes de los mismos a Centros Especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción.
    Se entiende por consideraciones sociales todas aquellas que contribuyan, por una parte, a garantizar que se cumple las obligaciones en materia social y laboral, y por otra parte, aporten valor social al gasto público mejorando cualitativamente las prestaciones objeto de contrato o incrementando el beneficio social perseguido con el otorgamiento de la subvención.