Dentro de las competencias la Inspección General de Servicios está la realización de auditorías de los programas, estructuras, procesos, procedimientos y actividades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para lograr una mejor prestación de servicios públicos al ciudadano y una mejor utilización de los recursos públicos. Las auditorías terminan con la emisión de un informe que recoge recomendaciones y propuestas de mejora en la prestación del servicio público.